Iniciativa para pacificar las villas

Hace dos semanas lanzamos oficialmente el IPP (Instituto de Políticas de Pacificación), con la intención de ayudar a mejorar la convivencia en la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto tiene hechos varios trabajos de investigación sobre el problema de la inseguridad, similitudes y diferencias con los casos de otras regiones, y plantea una iniciativa para terminar con el delito organizado.
Tal iniciativa consiste en un proyecto de ley al que dimos en llamar Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires, que propone emular la experiencia realizada en Brasil, más precisamente en Río de Janeiro. Río es una de las ciudades más pobladas de Brasil y es la que tiene la mayor cantidad de favelas. Desde 2008 el Estado interviene en estos asentamientos precarios a través de unas fuerzas especiales llamadas UPP -Unidades de Policía Pacificadora- que son escuadrones especializados en combatir el delito organizado. En otras palabras: echan a los narcos de las favelas.
¿Es comparable el problema de las villas en la Ciudad de Buenos Aires al de Río? Si bien nuestra problemática es de proporciones mucho más modestas, el crecimiento acelerado de la cantidad de villas y de la actividad delictiva dentro de ellas nos permite pensar que lo que pasa hoy en Río puede ser el futuro de Buenos Aires si no lo combatimos correctamente.
En Brasil la intervención de las UPPs viene dando buenos resultados. El procedimiento de “pacificación” consiste en dos etapas: primero se saca a los narcos de las villas, lo cual requiere un trabajo de inteligencia policial que tenga en cuenta las particularidades de cada zona (sociales, territoriales y de diversas índoles) de modo tal que se pueda garantizar la reducción del delito sin poner en riesgo a personas inocentes, que son la mayoría de los ciudadanos que habitan en villas y asentamientos. Una vez expulsados los delincuentes de las villas se procede a una segunda etapa, que según la Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires consistirá en la instalación en el territorio de UPSs – Unidades de Pacificación Social. Estas estarán coordinadas por funcionarios de la Secretaría de Habitat de la Ciudad y contarán con equipos de trabajo comunitario cuya función será la de asegurar la llegada del Estado a esos territorios. A partir de eso podrá iniciarse el proceso de urbanización, que consistirá en dar servicios públicos, mejorar las condiciones habitacionales y permitir la aparición de escuelas, hospitales, comercios y demás establecimientos fundamentales para la vida de los ciudadanos.
Esto ya se está haciendo en Río de Janeiro y podemos hacerlo en Buenos Aires. Para que la Legislatura trate este proyecto de ley necesitamos reunir 40.000 firmas que equivalen al 1,5% del padrón electoral porteño. Los invito a visitar la página de IPP en Facebook, a leer el proyecto de ley y acercarse a nuestras mesas. Allí estuvimos recolectando firmas desde este fin de semana. Juntos podemos pacificar Buenos Aires y garantizar un mejor futuro: sin narcos y sin villas.
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El desalojo en Villa Lugano y la responsabilidad de “los que dan derechos”

En algún momento de los próximos días quizá se lleve a cabo el desalojo del predio en Villa Lugano, recientemente bautizado por los ocupantes como barrio “Papa Francisco”. Veremos en qué termina. Es difícil prever si logrará hacerse efectivo o no. Sea cual sea el resultado, de lo que quiero hablar es de los obstáculos que vienen poniendo al desalojo distintos referentes de la política. Me voy a referir a ellos como “los que dan derechos”. No es que dar derechos esté mal, pero en este caso pareciera que los derechos nunca conllevan responsabilidades ni deberes. El que da derechos tiene un antagonista histórico, que es el que quiere solucionar todo a los palos. Ambos, mal que les pese, se parecen mucho en que tienen respuestas de antemano para los problemas más delicados y dilemáticos del país. Cuando el que quiere solucionar todo a los palos dice “hay que reventarlos a todos y que se dejen de joder” el que da derechos dice “hay que integrarlos, no hay que reprimirlos”. Es obvio que nos gustan más los que dan derechos, es más lindo hablar de derechos que de palos, pero basta con que nos corramos un poco de ese lugar para notar que las respuestas prefabricadas, vengan de donde vengan, son solo cortinas de humo para no ver la complejidad real de los problemas.
Para referentes de la política y legisladores de UNEN, el Partido Obrero, el MST y el Frente Para la Victoria, entre otros, el desalojo está mal y lo traban todo lo que pueden. No ofende a su mentalidad, al parecer, que las condiciones de vida que dejan aletargarse en esos territorios para todos los ocupantes, grandes y chicos por igual, sean calamitosas. Mucho menos los enerva que la ocupación sea ilegal y que tense la convivencia de toda la ciudadanía, desgaste a los vecinos y colabore con el clima de violencia creciente que se vive en Buenos Aires. O que la ocupación de espacios verdes represente una degradación de los espacios comunes. En el repertorio de sus máximas, “dar derechos”rankea alto, mientras que “hacer cumplir las leyes” o “terminar con las condiciones paupérrimas de vida” brillan por su ausencia.
Pero no es ése el punto al que quiero llegar. Cualquiera puede discrepar con mi visión al respecto. Supongamos que usted está en contra del desalojo. Está convencido, como estos dirigentes, de que los ocupantes deben poder permanecer allí. Muy bien, yo le pregunto, ¿está dispuesto usted a hacerse cargo de los daños directos y colaterales? Mucha gente discrepaba con nosotros cuando apoyamos la recuperación de fábricas durante la crisis de finales de los 90 y principios de los 2000. Recordarán que en esa época muchas fábricas fueron tomadas por la fuerza por sus trabajadores para evitar el cese de su actividad laboral. La historia demostró que esas recuperaciones fueron fundamentales para la reactivación económica que adoptó condiciones más formales con el gobierno de Néstor Kirchner algunos años más tarde. ¿Qué hicieron los trabajadores que tomaron las fábricas, los abogados, legisladores y otros dirigentes que apoyaron la causa? Asumieron el rol de depositarios judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que se hacían responsables ante la justicia de la conservación y buen mantenimiento de las fábricas, maquinaria y demás elementos que, claramente, no les pertenecían. Del mismo modo, los territorios ocupados en Villa Lugano no les pertenecen ni a los ocupantes ni a los dirigentes que defienden la ocupación. En ese caso, yo propongo, si tanto objetan el desalojo, si tan fundamental para los derechos de esta gente es sostener su presencia en ese cementerio de autos (dicho sea de paso, un lugar de pésimas condiciones de sanidad como para dejar que vivan las familias hoy allí asentadas) que se asuman como depositarios judiciales, que se hagan cargo de lo que están defendiendo.
Podemos discrepar, nadie tiene la verdad absoluta y es por eso que existe la política. Lo que no podemos es ser oportunistas y menos aún cuando los costos los paga otro. Entonces, a los que objetan el desalojo, los invito a responsabilizarse por la decisión que están tomando, una decisión que va a pesar en la convivencia de muchos vecinos.
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Tu firma puede derrotar al narcotráfico

El narcotráfico se ha expandido en Buenos Aires. Cada año presenciamos más conflictos armados en villas y asentamientos precarios de la Ciudad. Por eso, ha llegado el momento de actuar para que el narcotráfico, la inseguridad y el delito dejen de ser temas del futuro.Con tu firma podés ayudar a la implementación del proyecto de Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires.La iniciativa es impulsada por el IPP – Instituto de Políticas de Pacificación, una asociación civil encabezada por mí, Diego Kravetz.
A las villas llega a cuenta gotas el Estado y servicios básicos como luz, agua, gas, recolección de residuos o seguridad, entre otros. Los narcotraficantes se convierten entonces, en muchos casos, en la autoridad de esos territorios.
Así las villas se aíslan de la ley y de las normas de convivencia y se genera cada vez más injusticia.
Injusticia para los que viven en villas, porque no pueden vivir dignamente, no consiguen trabajo y no acceden a derechos básicos.
Injusticia para los que viven fuera de las villas, porque crece la inseguridad y porque la ciudad se vuelve cada vez más difícil.
Pacificar las villas es terminar con la injusticia en la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto de Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires se inspira en el plan de acción llevado a cabo en Río de Janeiro desde el 2008 y que ha mostrado grandes avances.
Consiste en la implementación de UPP -Unidades de Policía de Pacificación-, que son fuerzas de policía especialmente entrenada que intervienen para desmantelar a los grupos delictivos y expulsarlos del territorio.
Una vez recuperado el territorio, se instalan las UPSs –Unidades de Pacificación Social-. Se trata de unidades estatales que trabajan junto a los vecinos en la urbanización del territorio, la entrada de servicios formales y las condiciones aceptables de vida conforme a reglas claras.
Vuelven la ley y el orden.
El trabajo de pacificación se hace en conjunto con la comunidad, a través de una policía formada para ejercer el trabajo comunitario que atienda a las preocupaciones y problemas de los vecinos.
Es por eso que a partir del 19 de marzo vas a empezar a ver algunas mesas del Instituto de Pacificación Social donde podés acompañarnos con tu firma para hacer realidad este proyecto.
Ayudanos a impulsarlo. Ayudános a pacificar Buenos Aires. 

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¿Derecho a qué? Más cuestiones sobre vivienda y subsidios

Empecemos como en las series (¿a ustedes les gustan las series?): “Previamente en esta columna”…
Veníamos hablando del conflicto en el Parque Indoamericano, de las villas, de los asentamientos, de las condiciones precarias de vida en la que siguen estando año a año miles de ciudadanos. También del mal hábito de subsidiar y de la relación simbiótica que se ha gestado entre los gobiernos y parte de la ciudadanía a la que tristemente la han habituado a vivir de dádivas estatales. De todo eso hablamos en las ediciones previas de esta columna.
Nos referimos además a la cultura de nuestros abuelos inmigrantes y del esfuerzo con el que construyeron sus vidas, la de sus hijos y sus nietos (o sea, la gran mayoría de nosotros). Parece un tema totalmente distinto, pero en la Argentina todo está conectado.
Cerca de Parque Indoamericano hubo otras ocupaciones. Más precisamente en el Barrio Pirelli, donde existe un complejo de viviendas que fueron asignadas a sus actuales habitantes durante el 2009. Son principalmente los hijos de estas familias quienes ocuparon el predio destinado a las 40 viviendas que aún no se han terminado de construir y que reclaman su “derecho” a ser beneficiarios de estos nuevos departamentos.

Días atrás, representantes de estos ocupantes visitaron el programa de TN “Palabras +, Palabras -” que conducenErnesto Tenembaum y Marcelo Zlotogwiazda. Chicas que promediaban los 18 años hablaban de su derecho a tener una vivienda, motivo de la ocupación.
Por otra parte, en una entrevista de Luis Majul a Marina Klemensiewicz, Secretaria de Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad, la funcionaria advirtió que no se pueden regalar viviendas como si se tratara de caramelos. Si bien me he expresado varias veces en disonancia con las políticas del PRO (tan mal acostumbrado al subsidio como el propio Gobierno Nacional), hay que reconocer la veracidad de las palabras de Klemensiewicz. Tiene toda la razón.
Cuando escuchaba a las entrevistadas en TN no podía dejar de hacerme esta pregunta: ¿derecho a qué? Hoy por hoy, en Buenos Aires casi no existen personas menores de 30 años que estén en condiciones de ser propietarias. Porque sus sueldos no les dan tranquilidad a los bancos y los bancos no dan préstamos, porque los inmuebles son carísimos, porque la economía es impredecible, etcétera. Es prácticamente imposible que una persona de entre 20 y 30 años tenga una vivienda propia o esté tramitando su obtención.
La edad de emancipación se ha corrido mucho en los últimos años. De esto han hablado bastante los sociólogos. Los jóvenes de clase media, normalmente, tienden a irse de la casa de sus padres (alquilando, desde ya) alrededor de los 25 años. Hoy, alquilar un departamento de dos ambientes ronda los 2.500 pesos. A eso hay que sumarle expensas (cada vez más caras en edificios nuevos) y demás gastos.
Por eso me pregunto, nuevamente: ¿derecho a qué? ¿A que el Estado les de una casa sólo porque ya no quieren vivir en el mismo techo que sus padres? Algunos dirán, y es cierto, que estas jóvenes ya son madres, mientras que las personas de clase media suelen convertirse en padres unos años más tarde y que por lo tanto su necesidad habitacional es más urgente. Ahora, ¿y con eso qué? ¿Por qué eso les da un “derecho” a ser propietarios de una vivienda otorgada por el Estado?
Acceder a una vivienda digna no significa ser propietario. Y mucho menos que sea el Estado el que las otorgue a título gratuito.
Es hora de plantearse de qué hablamos cuando usamos la palabra “derecho”. El derecho a una vivienda digna lo tenemos todos. Las obligaciones contractuales y los requerimientos económicos para ello no debería esconderse debajo de la alfombra. ¿Pueden tener una vivienda estos jóvenes? ¿Por qué estos sí y los otros no?
A nadie se le ocurriría la posibilidad de que los jóvenes de clase media ocupen el Jardín Botánico para pedirle departamentos al Estado. Es un disparate, desde luego, pero que el disparate sirva para pensar.
Por favor, ahorrémonos los lugares comunes bienpesantes (“fachos, les quieren negar derecho de vivienda a los pobres”), porque acá se está hablando del aletargamiento de un facilismo de nuestra política que le está haciendo muy mal a la ciudad y al país.
Estamos hablando de un empobrecimiento ideológico: la convicción de que el Estado debe dar a los que no tienen nada lo que casi nadie (ni clase media, ni clase baja) está logrando conseguir por las vías del esfuerzo. Estoy hablando de nivelar para arriba. De que hasta el más pobre pueda pagarse una casa, pero que se la pague con el fruto de su trabajo.
Los que quieran seguir nivelando para abajo pueden repetir cuanto quieran como un mantra: “Es mi derecho”. Así pierden sentido las ideas.

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Otro round en el Parque Indoamericano

Hace 9 años fui coautor de la ley 1770 que planteaba una solución integral al problema de la Villa 20. Por eso, cuando vi en la prensa la noticia de que se había reanudado el conflicto en Parque Indoamericano, que estalló en diciembre de 2010, me vi inclinado a escribir las líneas que siguen.
Para los que no recuerden el episodio inaugural de esta historia que quedó en suspenso, éste se desató cuando 6000 personas, muchas oriundas de la Villa 20, ocuparon el parque de Villa Soldati.
El inicio del conflicto trajo a los gobiernos nacional y porteño más motivos para continuar con su constante pase de responsabilidades. Finalmente se condujo una acción en conjunto tendiente a disolver la ocupación que fue, para algunos, una medida de reclamo por mejores condiciones habitacionales, para otros una forma de conseguir más subsidios, que es la forma mediante la cual el Gobierno Nacional y el de Ciudad realizan “contención social”.
Tomemonos un minuto para pensar en los subsidios. Si una persona tiene problemas graves de subsistencia (comida, techo, acceso al trabajo, salud o educación), está bien que el Estado intervenga de manera transitoria mientras se generan condiciones para terminar con la situación de emergencia. El problema en la Argentina es que los gobiernos no generan tal cambio de condiciones y hacen de la emergencia la realidad cotidiana de una enorme porción de la sociedad, que obviamente, después de tres generaciones ya naturalizó a los subsidios como forma normal de vida. El subsidio se ha vuelto un vicio, un mal hábito que comparten tanto los gobiernos que los dan como los ciudadanos que los perciben. Dejar los subsidios se está volviendo casi tan complicado como lo es para muchos chicos de la calle dejar la droga. Nos hemos vuelto adictos a subsidiar.
La ley que propuse apuntaba a la urbanización de la Villa 20. A darles servicios, calles, iluminación y con todo eso una normativa coherente con la que cumple el resto de la ciudadanía. De esto se habla muy poco cuando se refiere a la urbanización. La inclusión se trata de dar tanto derechos como obligaciones, igualar a todos en las mismas reglas, cosa que sabemos no ocurre en el far west del subsidio en que se han convertido complejos habitaciones como la Villa 20.
Volvamos al nuevo round de esta pelea. Ésta parece ser de todos contra todos: del gobierno nacional contra el gobierno de la ciudad, claramente, pero también de los vecinos de Soldati y Lugano (ciertamente no la porción más privilegiada de la población) con los ocupantes, e incluso de los ocupantes con habitantes de asentamientos lindantes, tal y como se expresó en el reciente asesinato de Osvaldo Soto.
También pudimos presenciar el pase de factura del secretario de Seguridad Sergio Berni al fiscal Carlos Rolero, quien solicitó el uso de la fuerza pública para disolver la ocupación.
En estos días, con el parque todavía ocupado (aunque algunos ocupantes se retiraron) la Policía Metropolitana censó a los ocupantes y muchos fueron incluidos en… adivinen… sí, más subsidios.
En tanto dejamos que el problema se perpetúe las esporádicas explosiones de este conflicto nos ponen una y otra vez enuna disyuntiva estéril: la de los que bregan por la “inclusión” y minimizan la gravedad de multitudes ocupando terrenos públicos, y la de los que demandan solucionar todo con policías y palos.
Hablemos de los primeros, de los paladines de la inclusión, que suelen ser quienes siguen el acontecer de estos penosos hechos desde la televisión y los diarios pero que casi no transitan por las inmediaciones del parque. Los que desde un lugar supuestamente progresista minimizan el problema con ideas de inclusión social deberían replantearse hacia dónde creen que están “progresando”. Es decir, si el progresismo es permitir que familias que están en la lona ocupen espacios verdes para seguir viviendo en la precariedad, estamos todos muy mal. Y si encima el Estado los “recompensa” por eso, estamos muchísimo peor.
La función de un Estado presente es tanto la de garantizar el bienestar de todos como la de trazar límites. De hecho, ambas gestiones se deberían concebir como orgánicas y no excluyentes.
Ocupar terrenos públicos es una transgresión a las normas de convivencia fundamentales de cualquier ciudad. El Estado debe velar, ante todo, por preservar las normas en las que se sustenta. Es imprescindible disolver la ocupación.
Ahora, con solo disolverla no podemos esperar que la cosa no se repita. La intervención del Estado, que debe apuntar a la pacificación de estas zonas en conflicto, debe ser constante y estar localizada en el territorio para anticiparse a las nuevas ebulliciones de caos y violencia.
De momento parece que no prosperan las negociaciones entre las autoridades y los ocupantes. Mientras tanto se preserva la ocupación y la precarización de toda la zona. Ya se están construyendo viviendas en el parque. Esto es algo que no se debe permitir y los responsables de garantizar el cumplimiento de las reglas deberán pagar el costo de haber endurecido su postura demasiado tarde. ¿O cabe alguna duda de que este nuevo capítulo de Parque Indoamericano es el resultado de políticas que se han postergado y postergado por años?
Es fundamental que la siguiente etapa a la desocupación, sea como sea que se garantice (pero que se debe garantizar y de inmediato) sea la pacificación del territorio con supervisión e intervención constante del Estado. De otro modo veremos de acá a un tiempo más noticias (malas, seguramente) sobre el Parque Indoamericano.
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