Otra vez el cuento de los valores villeros

El miércoles de esta semana se dio media sanción al proyecto de ley de La Cámpora que haría -en caso de aprobarse en la Cámara de Senadores- del 7 de octubre, aniversario del nacimiento del padre Carlos Mugica, “el día de los valores villeros”. Como dije en su momento, cuando se anunció públicamente la iniciativa, se trata de una maniobra demagógica que naturaliza un problema grave, que es el de la exclusión social y las condiciones precarias de vida de una gran parte de la población. La Cámara de Diputados le dio el visto bueno a este mamarracho, a altas horas de la noche, en una jornada en la que fueron tratados más de cincuenta proyectos, con la abstención y ausencia de muchos diputados.
Para no explayarme sobre las mismas ideas que en su momento me inspiró este proyecto así como en las disparatadas declaraciones de Víctor Hugo Morales de hace algunas semanas sobre los supuestos beneficios de vivir en una villa, para no volver a decir que es lamentable que se quieran hacer pasar los valores universales de la “solidaridad”, la “generosidad”, “el optimismo” y otros, como valores de clase, para no reiterar, en definitiva, lo que no debería hacer falta reiterar, lo que debería ser obvio hasta para el más obtuso, prefiero remitir al lector a las ediciones correspondientes de esta columna y enfocarme en otra hipótesis, que desborda este proyecto de ley puntual.Sería así: el kirchnerismo, que tiene fecha de caducidad, ahora está actuando exclusivamente para pasar a la posteridad.
Las reformas del Código Civil y el Código Penal van en la misma línea. Se trata de iniciativas que tendrán efectos en un mediano plazo, que incidirán sobre futuras gestiones y que no hacen más que garantizarles un lugar en los libros de historia a sus autores. Es decir, ahora que el kirchnerismo está procesando su tiempo de retirada tanto de la gestión ejecutiva como de su fuerza parlamentaria, intenta sacar lo que puede del poder, y eso es -en su imaginario absurdo- dejarle a la ciudadanía el recuerdo de que fueron ellos los que hicieron reformas a la ley después de mucho tiempo en que no se hacían (aunque esperaron a último momento y las sacaron a las apuradas), que fueron ellos los que reivindicaron a los marginados (a pesar de que sostienen sus condiciones de marginalidad y las exaltan como si se trataran de valores heroicos).
No sé cómo les va a ir con la reforma a los códigos, pero con esta iniciativa me queda claro que el panorama no es muy bueno. Para ser claro, “el día de los valores villeros” es una iniciativa destinada a la intrascendencia. O bien porque -como es mi más sincero deseo- el próximo gobierno trabajará para que no haya más exclusión que reivindicar, o bien porque la situación se va a agravar tanto que estos gestos demagógicos no van a convencer ya a ningún incauto.
El problema de las villas es muy serio y da lástima ver que el Congreso le da vía libre a los delirios falaces de estos “nenes bien” que juegan a los héroes en el barro, pero que descansan muy bien en sus cómodas casas, que no son para nada “humildes” (léase, para nada “villeras”).
Resta ver si el Senado legitima este disparate o lo devuelve a Diputados. Cualquiera de las dos alternativas es más de lo que el proyecto merece. Pero yo, que sin ser villero me considero muy “optimista”, estoy convencido de que la mentira tiene patas cortas y que estos tipos no van a llegar muy lejos cuando se quieran llevar con ellos la posteridad que no se merecen.
 
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El aumento a las patentes perjudica a la Ciudad

El transporte y la movilidad han sido desde hace un tiempo grandes problemas para la gestión del PRO. En parte por el “enfrentamiento” con el Gobierno Nacional, como se vio en el prologando tira y afloje entre ambos por la tenencia del subte, aunque cabe decir que la gestión local ha sido inconstante respecto a sus supuestas responsabilidades en lo que toca al tema de los subsidios y las medidas para suplir su falta. Los aumentos a los usuarios fueron el método con el que se buscó reponer ese faltante presupuestario. Las cosas, sin embargo, parecen a punto de complicarse mucho a partir del año que viene cuando la Nación retire completamente su apoyo financiero. 
Para no seguir “importunando” a los usuarios del transporte público, el Gobierno de la Ciudad decidió recuperar estos fondos aumentando el impuesto a las patentes de automóviles, de manera proporcional a la gama del auto, desde luego. Si bien es cierto que pagarían más los que más tienen, la medida no deja de ser injusta en tanto que impone aún más dificultades a los conductores, que ya de por sí deben vérselas con los exorbitantes precios de la nafta y estacionamiento, producto de la inflación.
Algún paladín de la gestión de Mauricio Macri podría recordarnos la necesidad de la Ciudad de prescindir de automóviles, idea coherente con toda su política tendiente a desalentar su uso. Las bicisendas y los puestos de alquiler de bicicletas en las plazas son un emblema de esa política que tiene enormes potenciales ecológicos pero que no se ajusta del todo a las necesidades prácticas de los trabajadores porteños.
Mal que le pese al gobierno, los automóviles son fundamentales para muchas personas que, de no poder recurrir a ellos, tendrían que optar por el servicio de transporte público, el cual no goza tampoco de muchas comodidades. Tanto colectivos como subterráneos y trenes viajan todos los días saturados de pasajeros, lo cual no sólo es molesto para los usuarios sino que es altamente inseguro. Los riesgos exceden la eventualidad de un accidente: con la proximidad del verano y el crecimiento del calor, no es exagerado decir que el hacinamiento con el que se viaja promete un cuadro bastante insalubre para los pasajeros.
Como muchos de los “inconvenientes” que aquejan a la Ciudad, éste es otro problema que descansa en la incapacidad de los gobiernos nacional, de la ciudad y provincial de trabajar en conjunto. Los problemas de transporte del centro urbano más importante del país, que recibe a diario afluentes de trabajadores de distintas partes del Área Metropolitana Bonaerense no pueden relegarse exclusivamente a la órbita local.
Aún así, la respuesta del PRO carece de inventiva y se aferra a uno de sus más tempranos caballitos de batalla: aumentar los impuestos. En este caso, la decisión entraña el lamentable preconcepto de que el que tiene un auto es una especie de acaudalado, millonario, o vaya uno a saber qué.
El aumento del 50% a las patentes le va a pesar mucho a personas que, lejos de ser millonarios, son laburantescomo cualquier vecino al que el Gobierno de la Ciudad dice representar.
 
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